Pensemos la huerta en un contexto internacional de mega-fusiones de las corporaciones agrícolas más grandes del mundo. Si los entes reguladores lo permiten, cuatro empresas controlarían el 60% de las semillas comerciales, el 100% de las semillas transgénicas y el 71% de los agrotóxicos. Hablamos de Bayer-Monsanto, Agriscience (una nueva empresa derivada de la suma de Dow y DuPont), Syngenta ChemChina y BASF. Mientras tanto, gigantes de la maquinaria agrícola como John Deere, controla la mitad del mercado de la maquinaria agrícola del mundo (1).

El resultado de este escenario es la concentración de los recursos agrícolas más aguda en la historia de la humanidad. En el centro de todos los sistemas agrícolas está la semilla; es una de las últimas fronteras de la apropiación capitalista. En términos de libre mercado, la semilla representa una parte importante de la rentabilidad agrícola; pero para los millones de personas que cultivan la tierra representa el principio y el fin de la cultura de la tierra. Y precisamente nuestro país está abriendo procesos que comprometen cada vez más la libertad de la semilla.

La incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone una serie de reformas en todos los ámbitos del Estado; pero para el ámbito de la agricultura significa una profundización del modelo industrial de producción basado en los monocultivos.

Llaman la atención dos lineamientos estipulados por la OCDE para que Costa Rica adopte normativas fito-sanitarias más laxas para el ingreso de agroquímicos y para que incentive el uso de semilla certificada y registrada.

La OCDE dice que en Costa Rica “…el uso de semillas certificadas es pequeño, lo que disminuye el crecimiento de la productividad” (2). Esta afirmación sale del diagnóstico que hacen de las políticas públicas en materia agrícola, emitido para evaluar la entrada de Costa Rica a este club de países ricos, donde se encuentran las 36 economías más grandes del mundo.

Por eso el gobierno de unidad nacional impulsa un proyecto de ley bajo el expediente No 16.098, denominado “Ley para la promoción y desarrollo de la producción y comercio de semillas”, el cual criminaliza el uso de la semilla campesina.

Lo cierto es que la obligatoriedad para el uso de semillas certificadas en la agricultura pone en peligro la sobrevivencia de la semilla criolla, ya que bajo el esquema de esta propuesta de ley, el comercio de semilla no certificada estará tipificado como un delito (3). Pero existen en el país procesos de resistencia que intentan frenar la apropiación de la vida por parte de estas corporaciones.

En este tercer número nos asomamos a algunos de estos procesos llenos de vida y creación colectiva, que buscan un campo más justo, reconociendo la labor de millones de seres silenciosos, que encuentran en cada pequeña acción el germen fértil de la autonomía en esta huerta sin cerca que desea ser la revista La Agroecóloga.

Fuentes:
1. Grupo ETC, Marzo 2018. http://www.etcgroup.org/es/content/boletin-de-prensa-reguladores-de-europa-ceden-ante-bayer-monsanto-estados-unidos-podria
2. OECD (2017), Agricultural Policies in Costa Rica, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi. org/10.1787/9789264269125-en.
3. Artículo 17 del expediente legislativo N.o 16.098.”Ley para la Promoción y Desarrollo de la Producción y Comercio de Semillas”.

(*) Henry Picado Cerdas. Co-editor de La Agrecóloga. Integrante Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB). Presidente de la junta directiva de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON)