El grupo de nuevo ingreso de estudiantes de la Maestría de Estudios Latinoamericanos 2017, de la UNA, se une al movimiento nacional contra la expansión extractivista del monocultivo de la piña en Costa Rica, que además convocó a la gran movilización del lunes 15 de mayo por el cierre del proyecto de siembra de piña en Sierpe, en la Zona Sur.

Como reacción ante estas manifestaciones, el sector corporativo de la piña promueve una campaña mediática, donde permanece reacio a reconocer las múltiples pruebas recopiladas durante casi 20 años que demuestran los agravios que produce este monocultivo hacia la salud (1), el ambiente y los derechos laborales en el país. Pruebas que si miramos a nivel regional, suman a una gran lista de agravios que son producidos por los monocultivos.

Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura, y Alfredo Volio, vicepresidente de CANAPEP (2), fueron entrevistados el miércoles 10 de mayo en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda. Las entrevistas realizadas revelan claramente cómo el sector piñero dice cualquier cosa e intentan hacer creer que son argumentos “científicos” y cómo utiliza argumentos creados a la medida de los intereses corporativos.

Es decir, este sector empresarial se atribuye legitimidad a partir de procesos de evaluación creados y aplicados desde el mismo ámbito corporativo, procesos que posicionan y utilizan como una validación para sus actividades. Así elaboran un discurso que justifica la expansión de esta actividad, con el fin de no detener la generación de riqueza en manos privadas.

En este sentido, los medios de comunicación masivos aportan en la legitimidad del discurso empresarial. Nuestra Voz y demás medios corporativos (como La Nación, radio Monumental) en otras publicaciones posteriores, continuaron transmitiendo una y otra vez, los argumentos de la ciencia piñera corporativa. Por eso, el sentir inmediato de la entrevista de Amelia Rueda, fue más una suerte de propaganda que un ejercicio periodístico para informar responsablemente a la población.

En el discurso empresarial, Lizano señala que quienes cuestionan el monocultivo de la piña no tienen pruebas para demostrar que este tipo de agricultura es dañina para la salud y el ambiente; argumentando que el cultivo de la piña no genera impactos negativos debido a que se cumple con los certificados internacionales necesarios para exportar piña a Europa.  En el programa radiofónico, en mención, realiza comentarios como: -“exportamos a 200 o 300 países y la gente no se envenena”… “la piña produce 1000 millones de dólares al año en exportación.

Por su parte, Abel Chaves, presidente de la Cámara de Exportación de Piña, nombra un estudio del INCAE (3) el cual Amelia categoriza como “muy científico” (sic), ya que demostró que la piña no produce efectos negativos ambientales y solo da algunas recomendaciones. Alfredo Volio agrega que el sector piñero es el más evaluado, que es bueno porque genera empleo, encadenamientos productivos y por su logro de exportación hacia China.

En general, este discurso mesiánico empresarial proclama tener la verdad -y aunque digan que existen “300 países” a los que exportan piña- recurren a la “ciencia” para legitimar sus propias pruebas. Como juez y parte, son quienes quienes organizan los registros sobre la industria piñera y se afirman como los dueños de los procedimientos adecuados.

Imaginemos el proceso necesario para certificar un cargamento de piña para la exportación. Hagamos el ejercicio de preguntarnos: quiénes son los que deciden sobre los criterios a utilizar para realizar una certificación ¿Las comunidades rodeadas de piña?. Cuestionemos, quiénes realizan el estudio de impacto ambiental de una piñera ¿las mujeres que en El Cairo de Siquirres tuvieron que recibir agua de un camión cisterna por más de 14 años porque sus acueductos estaban contaminados por químicos de piñeras (3)?, ¿Quiénes deciden si es más valioso contaminar o tener ganancias de 150 millones de dólares al año?, ¿Quiénes trabajan a 37°C sin derechos laborales aplicando bromacil a 500 hectáreas de piña?

¿Quiénes deciden qué es un criterio científico, cuando se han talado en el país más de 5568 hectáreas de bosque para expandir el monocultivo?, o ¿Si es más importante una “pantalla plana”, que la demanda al Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana, o las Moratorias Municipales por los casos de impunidad e inoperancia ante la violación de derechos al agua, salud, tierra y derechos laborales de comunidades del Caribe Central y la Zona Norte del país (4)? El sector se escuda en la generación de empleo, ¿pero de qué clase? Podrían catalogarse como empleos de calidad, o ha sido rebajada la dignidad del trabajo a la condición de mera mercancía (5), aseguran que producen encadenamientos productivos ¿de qué tipo? ¿Dónde están los beneficios de esos encadenamientos?

Las preguntas aumentan y la piña continúa en expansión, generando más despojo de recursos y más acumulación de riqueza. Si contamos que el crecimiento entre el 2015 y el 2016 fue de 6251 hectáreas, sabiendo que el 8% de los empresarios concentran el 92% de las plantaciones de piña y que empresas como Del Monte acaparan 110 concesiones de agua. Y a esto le sumamos, que no solo la piña continúa en expansión en Costa Rica, sino en toda la región y cómo no decir, que en todo el planeta. La agroindustria se nos muestra en toda su práctica extractiva, como de las principales causantes del despojo de las culturas campesinas, de la soberanía alimentaria y del derecho humano a vivir en ambientes ecológicamente saludables.

La ciencia no es neutral. La ciencia es un campo en disputa. Quienes financian las investigaciones desde intereses corporativos, deciden las normas con que se les evalúa. ¿Cuándo un certificado, un ISO o una política pública la decide por completo la sociedad costarricense en su conjunto? El sector piñero, logra naturalizar ciertos criterios para generar conocimiento, de tal forma que fortalecen formas de dominación con sus herramientas y logran que muchas personas no se pregunten si realmente el monocultivo de piña es la mejor opción, porque “la ciencia” en la que hay confiar, según ellos, es la ciencia corporativa, la ciencia de la piña.

Y aunque contamos lo obvio, como parte de la población universitaria nos sumamos a las indignaciones de tantas personas que han visto, desde hace tiempo, cómo funciona esta racionalidad corporativa y cómo hace para mantenerse y reproducirse.

Esta indignación ya la dicen también los pueblos del Norte, del Sur, de Guanacaste y Caribe Central del país, que viven entre piñeras, quienes siempre están presentes observando desde el conocimiento no certificado, registrando, comparando, trabajando desde la experiencia cotidiana para denunciar lo que les agravia y garantizar la continuidad de la vida de sus comunidades y colectivos.

A manera de cierre: Andrés Carrasco, científico argentino que se dedicó a demostrar las implicaciones del glifosato (6) sobre la salud de comunidades rodeadas de plantaciones de soya transgénica en Argentina y el Cono Sur, cumple tres años de haber fallecido, y nos recuerda:

“La gente sufre y los científicos se vuelven empresarios o socios de multinacionales. Son hipócritas (científicos y funcionarios), cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son prueba viva de la emergencia sanitaria”.

Por lo tanto, nos parece urgente que se realice una moratoria nacional a la expansión al a industria piñera en Costa Rica (7) e invitamos a participar en las movilizaciones de este 5 de junio. 

Autor:

Colectivo de Estudiantes de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional

Referencias:

  1. Ejemplo de ello son artículos de La Nación, como “Producción de piña en Costa Rica enfrenta acusaciones por supuesto impacto ambiental, La Nación 26 de octubre, 2016.
  2. Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña
  3. El INCAE como escuela de negocios, surge en 1963 de iniciativas de la Alianza para el Progreso para crear un programa de gerencia de alto nivel en Centroamérica. El estudio que nombran es publicado en abril del 2017, Impacto Económico, Social y Ambiental de la Piña en Costa Rica.
  4. Para producir piña se usa un paquete tecnológico que contiene cerca de 14 agroquímicos: Herbidas (ametrina, bromacil, diuron, paraquat), Insecticidas (diazinón, etoprofos, carbaril), Regulador de crecimiento (etefón), Fungicidas (fosetil, triadimefón en campo, triadimefón en empacadora, mancozeb y metalaxil). El gobierno de Costa Rica, con fondos públicos, pagó un daño ambiental privado: http://presidencia.go.cr/comunicados/2017/02/proyecto-integrado-de-agua-potable-de-el-cairo-de-siguirres-disenado-para-20-anos/
  5. El Artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica establece que: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”.
  6. Componente activo del Roundup, herbicida comercializado por Monsanto, actualmente es utilizado para cultivos transgénicos y otros.
  7. Las moratorias a la expansión piñera ya se han puesto en práctica desde acuerdos municipales en Pococí, Guácimo y Los Chiles.

Foto: Fabiola Pomareda