El documental The Corporation (2003) dirigido por Jennifer Abbott explica cómo en la actualidad las compañías han sido tituladas con la mayoría de los derechos legales de un ser humano. Abbott evalúa a ciertas empresas por medio del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría; demostrando que cumplen con todo el perfil de un psicópata
El trastorno antisocial de la personalidad (TAP) conocido también como psicópata es caracterizado por “un patrón general de desprecio y violación de los derechos de las demás personas; fracaso para aptarse a normas; deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar nombre falsos; agresividad física y verbal; despreocupación por la seguridad de los demás; irresponsabilidad presidente; falta de remordimiento o indiferencia de haber dañado o maltratado o robado”.
Podemos hacer este ejercicio con un ejemplo local, las empresas piñeras. Aunque estas tampoco son propiamente personas, el marco legal costarricense también les concede una figura legal llamada “personas jurídicas”, como tales pueden ser sujetas de derechos y deberes. ¿Pero qué tipo de personas son las empresas piñeras?
¿Cómo es (sobre)vivir con una empresa piñera de vecina?
Cuando una casa, que durante años ha cobijado a una familia, se convierte en una trampa mortal debido a la presencia de vecinos agresivos y peligrosos deja de ser un hogar para convertirse en una amenaza constante. Ésta misma imagen es la que viven miles de personas que desde hace unos pocos años han visto como sus casas, escuelas, clínicas, plazas, ríos, cultivos, etc. poco a poco son cercadas por el monocultivo de la piña.
Vivir cerca de una plantación de este tipo representa arriesgarse a tener el doble de probabilidades de padecer infecciones de piel, mareos, visión borrosa y diarreas. Tal y como lo demuestra la investigación de la Escuela de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica . Situación que enfrentan comunidades de la Zona del Caribe de nuestro país como El Cairo, Luisiana y Milano. Todas comunidades afectadas por la toxicidad que genera el cultivo agroindustrial de la piña, donde las empresas no han aceptado su responsabilidad e incluso la han negado, violando el derecho constitucional a un ambiente sano equilibrado.
Esta situación es generalizada en muchas partes del país. Acciones tan cotidianas como bañarse en la poza donde habitualmente lo hacia una joven de la zona norte le costaría la vida después de días de intensas fiebres producto de la intoxicación por agroquímicos usados en la piñera aguas arriba. Caso por el cual aún las autoridades y las empresas guardan silencio.
Más al sur del país en Buenos Aires de Puntarenas las productividad de las fincas campesinas bajaron a tal punto que el rendimiento de una hectárea de frijoles pasó de 35 quintales a menos de 5 según reportan pequeños productores. Otra afectación más por estar cerca de una finca donde una de estas empresas piñeras desarrolla sus actividades de cultivo de piña MD2.
En la Zona Norte, Sur y Caribe hombres y mujeres se enfrentan a la desesperación de no tener trabajo después de meses de andar buscándolo y no tener más opción que laborar en una plantación piñera, la cual erosiona la tierra y sus cuerpos. En promedio un obrero agrícola no puede trabajar más de 5 años seguidos en esta actividad dentro de una empresa piñera, su salud se deteriorará velozmente y muchas veces sin acceso a garantías laborales o servicios médicos.
Incluso ha habido múltiples casos de persecución y acoso físico y laboral a las personas que decidieron organizarse para defender sus derechos. El acoso sufrido por dirigentes sindicales y comunitarios confirman serias violaciones al derecho a la privacidad por parte de personas que presuntamente fueron contratados por las empresas piñeras para vigilar y acosar a trabajadores/as por externar una posición crítica ante esta actividad.
Siguiendo con el diagnostico psiquiátrico de las empresas piñeras; existen casos donde se ha demostrado que estas empresas mienten diciendo que tiene mecanismos y que están desarrollando actividades para cuidar el ambiente y sus trabajadores, cuando en realidad ejercen la violencia en contra de cualquiera que este en su entorno bajo su lógica de agronegocio tóxica y explotadora.
Incluso estas vecinas tienen la capacidad de manipular medios de comunicación e instituciones públicas para hacer creer a la población en general que hacen un favor en términos económicos a las comunidades donde se instalan. Cuando en realidad se han encontrado casos de explotación laboral de personas migrantes, no respeto de garantías laborales, incluso se documentan casos de no pago de salarios.
Muchas de estas empresas hacen creer que son socialmente responsables, ambientalmente viables; cuando en realidad muchas veces no cuentan con los debidos permisos de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) logrando deforestar y contaminar en impunidad.
Por todo los puntos anteriores han surgido en muchos lugares del país oposición y resistencia a esta clase de ´personalidad´ de empresas que se caracteriza por ser unas vecinas peligrosas.
