Por Mauricio Álvarez Mora, Docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales en la UCR y IDELA-UNA

La reciente aprobación de una moratoria municipal sobre la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal marca un paso importante en la defensa ambiental del cantón de Puntarenas. La decisión, adoptada de forma unánime por el Concejo Municipal, surge como respuesta a la creciente presión extractiva sobre la cuenca y a las preocupaciones expresadas por comunidades organizadas, que han advertido sobre los posibles impactos en el recurso hídrico, la biodiversidad y los medios de vida. Sin embargo, se trata de una medida que apenas inicia su recorrido institucional, ya que deberá someterse a consulta pública y posteriormente ser ratificada, por lo que no constituye aún una resolución definitiva.

El 27 de abril de 2026, en la sesión extraordinaria N.° 171, el Concejo Municipal Puntarenense aprobó la moción que plantea la declaratoria de moratoria sobre la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes dentro del cantón central.

Esta solicitud había sido presentada desde noviembre anterior por comunidades vinculadas al Corredor Biológico Pájaro Campana, junto con organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS. Estos actores han insistido en la necesidad de tomar medidas preventivas ante el avance de las actividades extractivas en la zona.

La iniciativa establece que se trata de una medida preventiva de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y tutela ambiental, fundamentada en la existencia de un riesgo razonable de daños graves o irreversibles al ambiente, al agua, a la salud pública y a los medios de vida de las comunidades. En consecuencia, se dispone la suspensión inmediata de cualquier trámite municipal relacionado con permisos, concesiones o autorizaciones para este tipo de extracción, mientras la moratoria se mantenga vigente.

No obstante, por tratarse de una disposición de carácter general, deberá seguir el procedimiento de consulta pública establecido en el artículo 43 del Código Municipal. Esto implica una primera publicación en el diario oficial La Gaceta, tras la cual se abrirá un plazo de diez días hábiles para recibir observaciones de personas y organizaciones interesadas. Posteriormente, estas serán analizadas por la Comisión Municipal de Ambiente, que deberá emitir un criterio técnico y jurídico.

Una vez concluido este proceso, se realizará una segunda publicación y el Concejo Municipal deberá decidir si ratifica la medida. De aprobarse de forma definitiva, la moratoria tendría una vigencia de 24 meses, con posibilidad de prórroga, y solo podría levantarse si existen estudios técnicos que demuestren la ausencia de daños graves, junto con garantías claras de protección del recurso hídrico y del bienestar de las comunidades.

La moción contempla excepciones en casos de emergencia, cuando la extracción de material sea necesaria para atender situaciones de riesgo inmediato, siempre que exista justificación técnica y se apliquen medidas de mitigación ambiental.

Además, se solicitó a la Alcaldía Municipal la elaboración de un informe técnico en un plazo máximo de dos meses, cuyos resultados deberán ponerse a disposición del Concejo y del público.

El regidor Mario Rodríguez Morales indicó que la propuesta responde directamente a una solicitud de las comunidades y que cuenta con respaldo jurídico. También señaló la importancia de promover un uso más responsable del recurso hídrico y aseguró que los derechos de las personas que puedan verse afectadas serán considerados dentro del proceso de consulta pública.

Durante la misma sesión se discutió una segunda moción, presentada por el regidor Gerardo Zúñiga Zúñiga, orientada a fortalecer la regulación y planificación de la extracción de materiales en cauces de dominio público.

Esta propuesta plantea que la Municipalidad no promueva nuevas extracciones sin contar previamente con estudios técnicos sobre la capacidad de carga ambiental e hidráulica. Asimismo, instruye la elaboración de un inventario cantonal actualizado que detalle los cauces, su ubicación, los materiales extraídos, los volúmenes autorizados y el estado de cumplimiento de las concesiones.

También establece que cualquier nueva solicitud deberá contar con estudios de viabilidad y coordinación con las instancias técnicas correspondientes, además de reforzar la fiscalización mediante inspecciones periódicas.

El alcalde Randall Chavarría Matarrita señaló que estas acciones responden a una preocupación institucional por la explotación excesiva en varios ríos del cantón. En ese sentido, se ordenó supervisar las concesiones existentes en los ríos Barranca, Aranjuez y Seco.

La cuenca del río Guacimal enfrenta actualmente una fuerte presión por actividades extractivas. Existen unas once solicitudes de concesión minera en cauce para la extracción de piedra y arena entre los sectores de Guacimal y Chomes. De estas, dos ya están en operación y el resto se encuentra en trámite, lo que implicaría cerca de 20 kilómetros de extracción casi continua, es decir, más de la mitad del río.

A esta situación se suma un proyecto impulsado por la empresa WSP Constructora S.A., que busca instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca cercana al río, además de gestionar una concesión para extraer material del cauce. Este proyecto ha generado preocupación en las comunidades, que recientemente solicitaron la anulación de su viabilidad ambiental por posibles inconsistencias técnicas.

El río Guacimal es fundamental para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, ya que muchas fuentes y pozos dependen directamente de este sistema. Además, su cuenca forma parte de un corredor biológico estratégico que conecta ecosistemas de montaña con manglares costeros, lo que favorece la biodiversidad y la movilidad de especies, algunas de ellas en condición de amenaza.

También cumple un papel importante en la economía local y en el equilibrio ecológico del Golfo de Nicoya, por lo que cualquier intervención en su cauce puede generar efectos acumulativos en todo el sistema.

Más allá de su carácter temporal y del proceso que aún debe completarse, esta moratoria abre una discusión necesaria sobre los límites de la explotación de los bienes naturales y sobre cómo se toman las decisiones en territorios ambientalmente sensibles. En una región donde los ríos sostienen tanto ecosistemas como comunidades, el desafío será que este proceso en curso se traduzca en decisiones informadas y en políticas sostenidas que garanticen la protección del agua y de espacios clave como el Corredor Biológico Pájaro Campana, frente a presiones que siguen creciendo.